A pocos días de que los españoles acudan a las urnas en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, la política exterior vuelve a demostrar que España nunca es un asunto puramente lejano. Cuando se trata de Marruecos, la frontera entre lo doméstico y lo diplomático se desdibuja por completo. La relación con Marruecos no es un mero epígrafe en los programas electorales; es un factor estructural que condiciona la seguridad, la economía y la estabilidad de los dos países.
El escenario actual llega marcado por una evidente asimetría institucional. Mientras Marruecos celebró sus propios comicios legislativos en septiembre con una hoja de ruta exterior blindada bajo el control del nuevo gobierno encabezado por una competente primera presidenta y por supuesto por el alto jefe de estado la monarquía del Rey Mohamed VI, España se enfrenta a una cita electoral donde la relación bilateral sí es objeto de intensa disputa partidista. En Rabat, los cambios parlamentarios apenas alteran las grandes líneas estratégicas; en Madrid, el color del próximo Ejecutivo puede redefinir el tono, las prioridades y los equilibrios de una vecindad tan indispensable como compleja.
Uno de los puntos más sensibles en esta campaña es el control migratorio y la gestión fronteriza. La crisis vivida en Ceuta a finales del pasado mes de julio —con decenas de miles de entradas y un trágico balance humano— ha dejado una huella profunda en el debate público. Ese episodio evidenció hasta qué punto la estabilidad en las fronteras con Marruecos depende de la sintonía política entre Madrid y Rabat, pero también reabrió el debate sobre la necesidad de que España refuerce su propia capacidad de desarrollar un discurso estratégico serio y a la vez contando continuamente con la colaboración del vecino sur.
Más allá de la gestión de crisis, el futuro gobierno que salga del 29N tendrá que administrar un tablero repleto de carpetas estratégicas. La cuestión del Sáhara Marroquí sigue siendo, para Rabat, el prisma fundamental a través del cual mide la lealtad y el compromiso de sus socios. Cualquier movimiento en Madrid respecto al giro diplomático iniciado en 2022 será observado con lupa por Marruecos, obligando al próximo presidente del Gobierno a caminar sobre una cuerda floja donde un paso en falso tiene costes inmediatos en materia comercial,de cooperación antiterrorista y de la gestión de los flujos migratorios.
A esto se suman otros frentes que requieren visión de Estado a largo plazo.Ceuta y Melilla, la delimitación de aguas territoriales y la preparación conjunta del Mundial de Fútbol de 2030 forman parte de una agenda compartida que trasciende una sola legislatura. Incluso en el plano interno, la creciente participación de cientos de miles de ciudadanos de origen marroquí con derecho a voto en España añade una dimensión social que los partidos ya tienen muy presente en sus estrategias de movilización.
El verdadero reto para quien ocupe La Moncloa tras el 29 de noviembre será resistir la tentación de utilizar la política exterior como un arma arrojadiza de consumo interno. Con Marruecos, España está condenada a entenderse por pura geografía e interés mutuo. Sin embargo, lograr que esa relación sea predecible, equilibrada y respetuosa con la soberanía de los dos países exige algo más que cálculos electorales: requiere consenso nacional, firmeza institucional y una diplomacia con visión amplia del conflicto migratorio y fronterizo, soluciones realista y capaz de mirar mucho más allá del próximo recuento de votos y dejar de utilizar los flujos migratorio como una arma de doble filo por parte de los días países.
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